¿Deberíamos “creer” en las víctimas de violación?

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DARREN CALABRESE / THE CANADIAN PRESS

Hace dos semanas, el músico canadiense Jian Gomeshi fue encontrado inocente de cuatro cargos de violencia sexual contra tres mujeres en base en la existencia de una duda razonable de que él no hubiera cometido dichos actos.

El consenso de opinión es que Gomeshi fue materialmente culpable, aún cuando no fue legalmente culpable.

El hecho de que el caso fuera resuelto por “duda razonable”, -considerada la más “débil” de las defensas- así como las palabras del Juez al establecer que su decisión no confirma que el fuera inocente del acto, sólo que la ley no le permite encontrarle culpable, dio lugar a grandes críticas contra la decisión, en especial porque el factor decisivo fue que la única evidencia -el testimonio de las víctimas- fue arruinada por el comportamiento de las mismas, ya sea por incongruencias entre su versión, los hechos y su actitud posterior al supuesto acto, o bien, por simples mentiras.

Los detractores de la decisión señalaron que el sistema jurídico esta diseñado de forma que castiga a las mujeres que no son “víctimas perfectas” (víctimas sin ningún grado de culpa o ambigüedad a su nombre), y que daba más peso a las acciones de las víctimas que a las del supuesto victimario. Al final, las críticas se sumaron en un sentimiento: el sistema no cree en las victimas de violación.

El problema con esta opinión es que este fenómeno nose trata de un trato específico para las tres víctimas del caso Gomeshi, ni mucho menos para las víctimas de violencia sexual en general, sino de la base de la mayor de los sistemas de justicia penal en el mundo.

Existe una gran diferencia entre creer en la víctima de cualquier delito, y excusar cualquier falta en la misma o en su evidencia con el fin de encarcelar a su supuesto victimario. La primera se ofrece sin mayores objeciones, bastando solo la plausibilidad de que las alegaciones sean correctas para proceder a juicio, el hecho de que Gomeshi fue puesto ante el juez es prueba de que el sistema sí cree en las víctimas de delitos sexuales.

Por otro lado, la justicia penal no puede encarcelar a un hombre basado en la simple plausibilidad o creencia en las víctimas, los cargos impuestos al acusado deben ser probados sin lugar a dudas. De ahí la famosa defensa de la duda razonable. En palabras del jurista inglés del siglo XVIII Sir William Blackstone:

“Es mejor que diez culpables escapen, a que sufra un inocente.”

Esta idea está fuertemente vinculada con el principio de la presunción de inocencia, la idea de que toda persona es legalmente inocente hasta el momento en el que es declarada culpable por un tribunal competente, y si tienes reservas con este principio, ya sea contra Gomeshi, algún otro violador o delincuente de cualquier tipo, recuerda que tu igual gozas de ese derecho, que las acusaciones falsas existen, inclusive en casos de violación, y que tú puedes fácilmente llegar a ser víctima de una, en ese momento darás las gracias de que este principio existe, y que la persona que te acusa se encuentra obligada a fundamentar su acusación, sin dar lugar a duda razonable.

La lección que podemos aprender de esto no es reconfortante, pero sí muy útil: si usted es víctima de cualquier delito, reporte y documéntelo de la manera más pronta y verídica posible, de lo contrario, su victimario podría salir ileso.

El resultado de juicios como el de Jian Gomeshi no es muestra de como el sistema jurídico diseñado por el patriarcado se encuentra deliberadamente ideado para reprimir las quejas de las víctimas de violación, sino que simplemente la gente no se interesa lo suficiente en la justicia penal como para entender su funcionamiento.

 

 

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Que podemos aprender del caso Uber

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La mayoría de nosotros hemos leído sobre las funciones “legítimas” del Estado desde las clases de civismo en primaria, protección de derechos, administración del monopolio de la justicia entre otras, el presente artículo hablará de una muy popular: la regulación de la economía

El argumento por la regulación de la economía por parte del Estado es simple, necesitamos de una autoridad que vigile las prácticas del sector empresarial dentro del mercado para poder asegurar un estándar mínimo de calidad, en beneficio de nosotros los consumidores.

Es una idea con cierta base en el sentido común, bajo la idea de la búsqueda del beneficio propio como motor de la economía es natural pensar que algunos empresarios cortarán esquinas en lugares que no deberían con el fin de generar un mayor margen de ganancias, es el deber del Estado el intervenir y poner un límite a los excesos que el empresario puede llegar a tomar, una vez más, esto es en beneficio del consumidor.

No hace falta decir que este es un punto de vista popular, no mucha gente estaría de acuerdo conmigo en eliminar por completo la labor reguladora del Estado. Sin embargo, podría decirse que eso es exactamente lo que busca el apoyo masivo que ha tenido la empresa de transportación Uber en todo el mundo.

Como sabemos, Uber debe su éxito a haber revolucionado la industria del transporte público individual, ofreciendo servicios de mejor calidad y con precios más competitivos que los prestados por el sistema de Taxi que ha reinado este sector desde hace muchos años.

No todos están emocionados por el rápido crecimiento, agrupaciones y sindicatos de taxistas al rededor del mundo (con ayuda de miembros de la clase política) han organizado y realizado actos de resistencia en cada ciudad a la que los servicios de Uber se han expandido.

La queja de los taxistas es similar sin importar donde se encuentren: Uber logra ofrecer buenos servicios a precios competitivos por que no se sujeta a las mismas leyes que los taxistas. Esto es cierto, los taxistas de todo el mundo se han visto obligados a afrontar costos relacionados con diferentes leyes que regulan su operación y terminan encareciéndola, los mismos argumentan que el hecho de que Uber no se sujete a estas leyes mientras que ofrece servicios similares representa competencia desleal, y por lo tanto ejercen presión para prohibir las operaciones a esta empresa.

Ya sea que estés de acuerdo con el argumento taxista o no, existe una importante lección en este asunto que vale la pena entender.

Las leyes que encarecen el servicio proveído por los taxistas no existen sin razón ofrecida, estas tienen un propósito claro y definido: el garantizar la calidad del servicio. Pero, ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser que un servicio que no se sujeta a la actividad reguladora del Estado sea de mejor calidad? La respuesta es simple: la regulación estatal de la economía es un vil engaño, una mentira propagada en base a una idea, no a su realidad.

Para entender este engaño te compartiré un secreto mal guardado sobre la acción Estatal: para el 99% de los trabajadores de gobierno tu satisfacción con su servicio no es de la menor importancia.

Este sentimiento se propaga desde el nivel más alto hasta el fondo del sistema gubernamental, desde el presidente de la república hasta el chavo que vende derechos de inscripción en el registro público de tu Estado, tu satisfacción no les importa. Y ¿Por qué debería? ¡Si su empleo no depende de ello!

El presidente, gobernador o cualquier otro político de cargo de elección pública obtiene su trabajo antes de mostrar materialmente que es capaz de ejecutarlo como es debido, y ya en oficina los procedimientos para removerlo de su cargo son tan procesal como políticamente cargados que es prácticamente imposible hacerlo, tampoco es seguro que enfrente a la justicia al terminar su gestión, ya que durante su término probablemente adquirió influencia suficiente (o su traída a justicia traería tan mala imagen a su partido) como para ir saltando como chinche a cargos de “representación proporcional”.

Lo mismo ocurre con los trabajadores no (tan) metidos en la política, registradores, operadores de caja, maestros y taxistas sindical izados, licenciados y oficiales de Tribunales. ¿Cuantos crees que entran por su capacidad, y no por ser hijos del tío del compadre del juez o secretario? y posteriormente ¿Quién crees que es el primero en ser cortado cuando se necesitan más lugares para el nepotismo? La gente con palanca sanguínea difícilmente se ve perjudicada por su actuación.

Entonces, si tu satisfacción con el servicio  proveído por una persona no influye en su trabajo, ¿Por que esta persona habría de preocuparse por esta? ¿Que crees que la decencia es gratis?

Por lo general, los taxistas del mundo tienen su licencia y trabajo como tales prácticamente asegurados por arreglos de protección sindicalizada hechos con la clase política, a cambio, dicha clase política recibe varios beneficios, desde la simple ganancia de votos de taxistas y sus familias, hasta el compromiso de estos para servir como grupos de choque y presíon, o bien como transporte de votantes para el partido en días de elección. El Estado, en su buena disposición y eterna sabiduría se reserva el derecho de administrar los servicios de transporte, entregando “concesiones” para dedicarse a este oficio a los mejores elementos de la sociedad.

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Fuente: Sipse Noticias

Mientras tanto, servicios privados como Uber se encuentran en peligro constante de quiebra. Ellos no tienen la opción de cobrar de tus impuestos, esos que pagas por que pagas y por los que nunca hay reporte de resultados, ellos tienen que convencerte de que son los mejores, y además probarlo día con día, bajo amenaza de calle.

Si alguien se queja de un taxi feo, mal afinado, apestoso y además caro ¿Qué más puede hacer? ¿Llamar otro taxi? ¡Si todos son iguales! Ah, pero llega Uber ofreciendo calidad y precios competitivos, y ahora sí salen los taxistas con sus compromisos, Apps y hasta amenazas disfrazadas de “deseos de que no se llegue a violencia”. Hay que entender, el mercado no necesita ser regulado por una autoridad, este cuenta con un sistema de regulación eficiente y efectivo llamado competencia, si no existe competencia en un sector, no esperes un buen servicio.

Al entender las razones detrás de este asunto no es sorpresa  lo que está pasando: la función reguladora del Estado sobre la economía no se trata de precios o calidad, se trata de una moneda de cambio que tiene la clase política para conseguir alianzas con sectores estratégicos. Recuérdalo la próxima vez que se use este argumento para defender la prohibición a Uber, o para exigir su “entrada a la legalidad”, o bien, para cualquier otro motivo, ya sea licencias de construcción, uso de suelo, etc.

No se trata de tí, se trata de control.

La FIFA tenía razón.

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“Infrastructructure… pero se entendió el inglish”

En menos de una semana nació y murió la controversia por los gritos de “puto” que ya nos hemos acostumbrado oír durante los partidos de la selección. La FIFA, paradójicamente aliada con grupos de derechos humanos, sostenía que la libertad de expresión termina donde empiezan los sentimientos de terceros, y por lo tanto buscaba abiertamente la forma de silenciar a esta ya tradición del fútbol mexicano.

Este hecho fue recibido con una negación casi unánime por el público en general, sólo salían en defensa de la FIFA contados “intelectuales” y demás personas demasiado sensibles o que les gusta llevar la contraria, se sentía un consenso en el rechazo de una magnitud mayor a cualquier votación política. Verdaderamente se podía decir que “el pueblo” había hablado: #TodosSomosPutos.

No tardaron en salir los hashtags, memes (macros), y razones para oponerse a la acción de la FIFA, después de todo, la palabra “puto” tiene más significados de los que se pueden contar sin tener lápiz y papel a la mano, pensar que la expresión estaba siendo usada como un insulto homofóbico necesitaba de ciertas maniobras mentales, en especial tratándose de una población mexicana que, aún sin quitarse la fama de machista, es cada vez más abierta y tolerante con la homosexualidad. Por otro lado muchos hacían notar la hipocresía en reprochar una falta tan tonta, al mismo tiempo que se nombraba a Rusia y Qatar como próximas sedes del mundial.

Y aún si tuviera razón la FIFA, y la afición mexicana de hecho le manifestaba de manera grosera en cada saque al portero de la selección contraria su desacuerdo sobre que agujeros del cuerpo humano son exclusivamente “de salida”, ¿Desde cuándo algo tan inconsecuente es suficiente excusa para limitar la libertad de expresión?

Ante semejante rechazo, la FIFA no tardó en desistir, citando razones que nadie se molestó en leer, puso fin a su cruzada políticamente correcta. La libertad de expresión había vencido.

¿Será?

Cómo pudieron adivinar por el título de este escrito, es mi opinión que la FIFA tenía razón. No tengo ningún problema con el grito de “puto”, probablemente me uniría a él si fuera a algún partido, pero es un hecho que la FIFA tenía razón, si acaso por las razones equivocadas.

En un célebre dictamen el juez de la Suprema Corte Estadounidense, Oliver Wendell Holmes, Jr., decía que existen límites a la libertad de expresión, “No puedes gritar falsamente “fuego” en un teatro lleno”, ponía como ejemplo.

Esta frase ha tenido mucho impacto en la política pública respecto a la libertad de expresión, para muchos, esta demuestra como la libertad de expresión debe ser limitada y controlada en pro del interés público. Bajo el mismo pensamiento, la FIFA consideraba correcto censurar los gritos de “puto”.

Sin embargo, yo comparto la opinión del economista Murray Rothbard al pensar que esto es un error.

En su ensayo, “Derechos Humanos como derechos de propiedad”, Rothbard postulaba (entre otras cosas) que el límite lógico para el ejercicio de un derecho depende del lugar donde uno se encuentre, toda tierra tiene dueño, y las personas que entren a la tierra propiedad de un tercero lo hacen bajo un acuerdo explícito o implícito de seguir las reglas impuestas por el dueño.

Aplicándolo al ejemplo, para entrar al teatro, las personas tienen que pagar un boleto, este es uno de los muchos términos impuestos por el dueño para poder acceder a su teatro, entre otros términos probablemente se encuentre la buena conducta, no gritar “fuego” cuando no existe uno.

De esta manera observamos que la verdadera razón para no gritar “fuego” falsamente en un teatro lleno es que, de hacerlo, se estarían violando los términos de entrada al teatro. Al mismo tiempo que se estaría arruinando la noche y los acuerdos con el dueño de todos los demás espectadores que esperaban ver la puesta en escena de Otelo, y terminaron por ser evacuados; infringiendo también, de esta forma, con sus derechos de propiedad.

Aplicando lo anterior al caso de la FIFA, es un hecho que los estadios, aún si no son de su propiedad, si son objeto de un contrato de uso entre sus dueños y la Federación, mismo en el que se pactan términos para su uso, y para la admisión del público al partido.

Por lo tanto, si la FIFA y sus socios deciden prohibir el grito de “puto” en sus eventos, es responsabilidad moral de todos el abstenerse de estas prácticas, de la misma forma que estamos de acuerdo de abstenernos de entrar a la cancha desnudos, o iniciar peleas en las gradas. La FIFA, tenía razón.

Sin embargo, al final la FIFA decidió hacerle caso al mercado y desistirse de sus deseos de censura. Algo que se me hace correcto, en mi opinión se estaban pasando de putos.